Por José Guadalupe Bermúdez Olivares

Me parece necesario detenernos a mirar lo que sucede en las prácticas cotidianas de nuestros colectivos cooperativos, especialmente en la asamblea. Ahí, en cómo hablamos, escuchamos y decidimos, producimos conciencia, construimos relaciones de poder y desarrollamos, o limitamos, nuestra capacidad para gobernarnos colectivamente. Analizar esas prácticas nos permite reconocer cuánto estamos avanzando en la transformación que buscamos y qué necesitamos cambiar en nuestra propia manera de organizarnos.

La transformación social que buscamos quienes nos empeñamos en construir una nueva sociedad comienza en la conciencia y se concreta en cada proceso y quehacer de la vida, especialmente cuando actuamos desde nuestra propia organización. Es una construcción paso a paso, permanente, que exige revisar nuestras prácticas sin perder la brújula: hacer de la vida y la dignidad humana el sentido de nuestro trabajo colectivo. En ese camino, la asamblea cooperativa ocupa un lugar fundamental, porque en ella construimos nuestra manera de ejercer el poder y decidimos hacia dónde orientar el esfuerzo común. Al deliberar y resolver, también producimos relaciones sociales que pueden contribuir a transformar la sociedad o reproducir las formas de dominación que buscamos superar.

La capacidad transformadora de una asamblea se construye en la manera de encontrarnos, escucharnos y tomar decisiones. En ella también podemos reproducir una lógica de agresión y sometimiento: descalificar a quien piensa distinto, asumir que unos poseen el saber y los demás son ignorantes, o permitir que unos concentren el poder mientras el resto queda reducido a obedecer. La existencia de una reunión y una votación resulta insuficiente cuando las personas carecen de condiciones para comprender, cuestionar e influir en lo que se resuelve.

Transformar estas relaciones exige hacer de la asamblea un espacio de participación efectiva, donde cada persona pueda aportar su experiencia, expresar sus dudas y cuestionar sin temor a ser humillada. Como escribió Paulo Freire en Pedagogía del oprimido: “Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión”. Esta idea nos compromete a reconocer a cada integrante como sujeto capaz de comprender y transformar la realidad compartida. Quienes coordinan tienen la responsabilidad de abrir la palabra, facilitar la comprensión de los asuntos y propiciar la construcción de acuerdos. Cuando la asamblea se convierte en el monólogo de quien se considera líder, se debilita la capacidad del colectivo para pensar y decidir por sí mismo.

La conciencia también se forma en ese ejercicio. Al escuchar otras experiencias podemos reconocer problemas que desconocíamos, revisar nuestras certezas y comprender las consecuencias de nuestras propuestas. Cada integrante tiene el poder y la responsabilidad de contribuir al rumbo común. Para ejercerlos necesita información comprensible, tiempo para reflexionar y la certeza de que su intervención será considerada. También necesita disposición para revisar su postura y asumir los acuerdos construidos democráticamente.

Imaginemos una cooperativa de productores reunida en asamblea para decidir cómo responder a un aumento de la demanda. Alguien propone intensificar el trabajo para aprovechar la oportunidad; otra persona pregunta cómo se distribuirá el esfuerzo y quiénes recibirán sus beneficios; alguien más plantea qué consecuencias tendrá la decisión para la comunidad y los bienes naturales que hacen posible la producción. En ese intercambio, el colectivo necesita examinar qué lógica anima cada propuesta: qué entendemos por avanzar, a costa de quiénes y para beneficio de quiénes.

Los principios y valores del cooperativismo ofrecen criterios para resolver. La democracia exige que todas las voces puedan incidir; la equidad orienta la distribución de las cargas y los beneficios; la solidaridad compromete a cuidar a quienes enfrentan mayores dificultades; y la responsabilidad obliga a considerar las consecuencias del acuerdo. Desde esos criterios podemos preguntarnos si aceptar más pedidos permitirá satisfacer necesidades colectivas o si exigirá normalizar el agotamiento, deteriorar nuestro entorno y concentrar las ventajas. La racionalidad del lucro se reproduce cuando el aumento de la ganancia justifica cualquier costo humano o ambiental. Reconocerla en nuestras propias propuestas es parte del trabajo de conciencia que corresponde a la asamblea.

Ahí adquiere un sentido concreto el horizonte desmercantilizador del cooperativismo. Desmercantilizar significa sustraer aspectos fundamentales de la existencia al mandato de la rentabilidad: reconocer que la alimentación, el agua, la vivienda, el cuidado y el trabajo digno tienen un valor que ningún precio puede agotar. Esa convicción orienta decisiones sobre qué producimos, cómo organizamos el trabajo, cómo establecemos los precios y cómo distribuimos los excedentes. Su alcance depende de nuestra capacidad para convertirla en acuerdos y sostenerla en la práctica cotidiana.

Las tensiones aparecen cuando un comprador ofrece mayores ingresos a cambio de imponer dependencia, cuando una estrategia de crecimiento exige jornadas cada vez más largas o cuando reducir costos implica trasladar las cargas a quienes tienen menos poder. Resolver estas situaciones requiere conocer las cuentas, valorar alternativas y discutir las necesidades de quienes sostienen la cooperativa. La viabilidad económica debe permitir la continuidad del proyecto y el bienestar colectivo; pierde su sentido transformador cuando se sostiene mediante el deterioro de la vida de sus integrantes.

Para que esa discusión sea democrática, también debemos revisar las condiciones de participación. Algunas personas llegan a la reunión después de una jornada de trabajo remunerado y otra de cuidados. Otras encuentran dificultades para comprender informes que se presentan sin explicación o para intervenir ante quienes acostumbran monopolizar la palabra. Organizar horarios accesibles, compartir información con anticipación y distribuir las intervenciones son decisiones que hacen posible ejercer el poder colectivo. La participación se debilita cuando depende del tiempo disponible, de conocimientos reservados a unos cuantos o de la cercanía con quienes dirigen.

La palabra necesita, además, tener consecuencias. Cada acuerdo debe traducirse en responsabilidades claras, acciones y mecanismos para revisar sus resultados. Quienes reciben una encomienda deben rendir cuentas ante el colectivo, y la asamblea debe conservar la capacidad de corregir el rumbo. Así se evita que las decisiones se queden en declaraciones o que su ejecución vuelva a concentrar el poder que se buscaba compartir.

Esta práctica puede extenderse mediante la cooperación con otras organizaciones. Cuando una asamblea acuerda compartir conocimientos, herramientas, financiamiento o canales de distribución, amplía las posibilidades de sostener sus decisiones frente a las presiones del mercado. Los vínculos entre cooperativas y comunidades dan continuidad al esfuerzo de construir relaciones económicas basadas en la ayuda mutua y la satisfacción de necesidades comunes.

La transformación social que buscamos se va construyendo en estas formas de decidir y actuar. Cada asamblea puede producir conciencia sobre lo que hacemos, capacidad para compartir el poder y acuerdos que den sentido cooperativo a nuestra actividad económica. Ese aprendizaje requiere continuidad: escuchar, resolver, cumplir lo acordado y volver a examinar sus consecuencias.

Por eso, la manera de llevar una asamblea forma parte de la sociedad que estamos construyendo. Cuando cada integrante puede ejercer su voz y su responsabilidad, y el colectivo orienta sus decisiones hacia el bienestar común, la intención transformadora se convierte en una práctica compartida. La vida y la dignidad humana no se cotizan en el mercado: hacer de esa convicción el criterio de nuestros acuerdos es una tarea permanente de la asamblea cooperativa.