Por Catalina Rosas

El avance de las derechas radicales en América Latina representa un desafío para los gobiernos progresistas. Los triunfos de Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y otras fuerzas conservadoras reflejan, entre otros factores, el descontento social frente a la inseguridad, la incertidumbre económica y la percepción de que los gobiernos no responden con suficiente eficacia a las demandas ciudadanas. Sin embargo, el fenómeno no es homogéneo: también expresa la fragmentación política y el desgaste de los oficialismos.

En México, la Cuarta Transformación enfrenta el reto de consolidar su proyecto más allá de los triunfos electorales y de los programas gubernamentales. A más de ocho años del inicio de los gobiernos de Morena en 2018, resulta necesario reflexionar sobre dos dimensiones fundamentales: la Revolución de las conciencias y la construcción de organizaciones populares de base capaces de participar permanentemente en la vida pública.

La primera no puede reducirse a la adhesión a un liderazgo o a la difusión de un discurso político. Implica desarrollar pensamiento crítico, conciencia de derechos, solidaridad y participación democrática. La segunda exige construir espacios colectivos en colonias, comunidades, centros de trabajo y universidades, donde la ciudadanía pueda deliberar, organizarse y contribuir a resolver problemas concretos.

Uno de los riesgos para cualquier movimiento que llega al gobierno es sustituir la movilización social por la gestión institucional y la participación por la lealtad electoral. Cuando las estructuras territoriales son débiles, la comunicación política pierde contacto con las preocupaciones cotidianas y las fuerzas opositoras pueden capitalizar el descontento. La experiencia latinoamericana muestra que la inseguridad, el costo de vida y la desconfianza institucional constituyen terrenos decisivos de la disputa política.

Por ello, el desafío de la Cuarta Transformación no consiste solamente en defender los avances sociales, sino en demostrar resultados, reconocer problemas pendientes y abrir espacios efectivos para la crítica y la participación ciudadana. Se requiere fortalecer la formación política, la organización comunitaria, la rendición de cuentas y la capacidad de las bases para incidir en las decisiones públicas.

La continuidad de un proyecto transformador no puede descansar exclusivamente en el gobierno: necesita una sociedad organizada, informada y capaz de defender sus derechos democráticamente.

Frente al avance de la ultraderecha, la respuesta no debería limitarse a la confrontación discursiva, sino traducirse en mejores condiciones de vida, participación real y reconstrucción de los vínculos entre movimiento y ciudadanía. La Revolución de las conciencias adquiere sentido cuando se convierte en práctica cotidiana de organización, solidaridad y responsabilidad colectiva.