Por: José Guadalupe Bermúdez Olivares

¿Alguna vez has sentido el peso del hambre absoluta? No me refiero a esa inquietud gástrica que nos asalta mientras el aroma de la cazuela inunda la cocina, ni a la impaciencia que se vive en la mesa de un restaurante mientras llega el plato fuerte, mucho menos a ese vacío ligero que se experimenta en la comodidad de un avión o el asiento de un auto. Hablo del hambre sin horizonte, esa que no tiene fecha de caducidad inmediata; el hambre sin esperanza que te dobla el cuerpo y te obliga a refugiarte en el sueño, esperando que el mañana traiga algo que hoy fue negado porque, simplemente, no hubo de otra.

Quien desde la comodidad de un escritorio o bajo el sesgo de la desinformación se atreve a asegurar que en el internado de Tiripetío se vive como reyes, no solo se equivoca, sino que exhibe una ceguera social lacerante. La realidad intramuros es una batalla diaria por la suficiencia: ahí, las «tías» de la cocina hacen milagros cotidianos, estirando la dignidad y los insumos para intentar saciar el hambre de casi 600 estudiantes con presupuestos que, lejos de ajustarse a la necesidad humana, son recortados por quienes ven números donde hay estómagos vacíos. Es en esa carencia extrema donde germina la indignación, una que no se entiende desde la abundancia, sino desde la supervivencia.

Quienes estuvimos ahí hace algunos ayeres, lo hemos constatado con el rigor que solo da la vivencia propia. Y cuando hay alimento, agradeces profundamente que lo haya; sin embargo, la mística de la cocina a gran escala tiene sus propias leyes de física y sabor. Jamás será igual el sazón de una sopa preparada con el cuidado para tres o cuatro personas, que aquella que se cocina en enormes ollas para saciar a seiscientas bocas. En ese volumen, la comida pierde el matiz del hogar y se convierte en una ración de resistencia, en el combustible mínimo para no desfallecer en el aula.

Pero, ¿por qué no alcanza el presupuesto? Permíteme ilustrarte con la crudeza de la realidad, esa que no aparece en los informes oficiales. Alguna vez, integrando el comité estudiantil, pedimos revisar la congruencia entre lo que llegaba de mercancía y lo que se pagaba. Los números no cuadraban, eran ficciones contables que ocultaban fugas de recursos; recuerdo bien que el director, con un tono de advertencia más que de sugerencia, pidió no seguir indagando, se notaba su miedo, no a los estudiantes sino a mafias externas.

Con el paso de los años, las piezas del rompecabezas terminan de encajar de forma trágica. Un exdirector contaba cómo, en un intento genuino por poner orden administrativo, fue interceptado por los «malosos», esos poderes fácticos que parasitan las instituciones, le advirtieron que no podía cambiar de proveedor, que el negocio estaba pactado. Él, con una integridad que le costó la paz, no hizo caso; las consecuencias fueron brutales: lo dejaron por muerto. Tardó dos o tres años en volver a la vida, en recuperar pedazos de su existencia, aunque físicamente nunca volvió a ser el mismo.

Hay sucesos que el juicio público desconoce y que la prensa de escritorio prefiere ignorar. Si no existiera esa mafia que drena los recursos, de todas maneras el presupuesto sería insuficiente para cubrir las necesidades reales de una formación digna. Y ahora, el panorama se torna más oscuro: si esa «mente brillante» logra su cometido de disminuir los recursos bajo el disfraz de la optimización, lo que tendremos no será ahorro, sino la institucionalización del hambre y la provocación deliberada de un conflicto que ellos mismos han diseñado.

Pensemos que nada de lo anterior existe, entremos a analizar esa narrativa pública actual sobre la Escuela Normal Rural «Vasco de Quiroga» de Tiripetío. Hay voces discordante, se encuentran fracturadas. Por un lado, un sector de la población, legítimamente agotado, exige el cierre de la institución aduciendo que las tácticas de presión estudiantil (bloqueos, retención y quema de vehículos) vulneran el bienestar común. Sin embargo, este argumento, aunque válido en su premisa de convivencia social, suele carecer de profundidad analítica al ignorar las variables sistémicas que actúan como detonantes.

Resulta paradójico que quienes claman por «orden» sean los mismos que respaldan decisiones administrativas que atentan contra la supervivencia básica de los estudiantes. Reducir el presupuesto alimenticio en un contexto de inflación y carestía no es una medida de austeridad, es un acto de violencia institucional que ignora la realidad socioeconómica de los normalistas rurales. Existe una «intelectualidad administrativa» que, al recortar recursos esenciales, empuja deliberadamente hacia la radicalización para luego justificar la represión bajo el estandarte de la legalidad.

Una de las herramientas más peligrosas del poder es la descalificación subjetiva, el estigma de la insignificancia: etiquetar el movimiento como «insignificante» o afirmar que los estudiantes «no saben lo que quieren» es una estrategia de deshumanización que anula la agencia política del joven rural. Al minimizar el número y la causa de los manifestantes, se da la pauta para una «crucifixión mediática», donde el estudiante deja de ser un futuro docente para convertirse en un objetivo social a eliminar.

Ciertamente que los estudiantes deben transitar hacia formas de manifestación que no lesionen a los ciudadanos, estas no representan a la resistencia ni a la lucha por la transformación, no en este contexto, y si se identifica con lo que hacen los grupos delictivos, eso tienen que reflexionarlo. Y por parte hay que decirle a la administración gubernamental, que la solución no es el garrote ni el candado, sino el incremento presupuestal y el reconocimiento de los estudiantes como sujetos políticos válidos. Ignorar el hambre y luego criminalizar la protesta es, quizás, la mayor de las injusticias sociales. Antes de crucificar a los jóvenes, piensa en las causas y empuja para que se atiendan.