POR: JAVIER CALZADA

ACTIVISTA Y VOCERO MIGRANTE

La migración en México ha experimentado una transformación profunda en las últimas décadas, pasando de ser un fenómeno predominantemente de origen a una realidad compleja en la que el país funge simultáneamente como punto de origen, tránsito, destino y retorno. Este cambio estructural plantea desafíos significativos para el Estado mexicano, cuya legislación, instituciones y enfoque social aún reflejan, en muchos aspectos, una visión desactualizada que no corresponde plenamente a la dinámica migratoria actual.

Si bien las remesas representan uno de los principales ingresos económicos para México, este indicador financiero oculta una dimensión humana de gran relevancia: el impacto emocional y social en las comunidades de origen. La separación prolongada de las familias ha dado lugar a fenómenos como la crianza de menores por parte de abuelos, la fragmentación del núcleo familiar y la pérdida progresiva de capital humano en diversas regiones del país. Este “costo emocional” de la migración, aunque difícil de cuantificar, constituye una realidad tangible que debe ser considerada en el diseño de políticas públicas.

En este contexto, el hecho de que aproximadamente uno de cada diez mexicanos resida en el extranjero invita a una reflexión crítica sobre el papel del Estado. Por un lado, la migración evidencia la resiliencia, capacidad de adaptación y contribución económica de la población migrante; por otro, pone de manifiesto las limitaciones estructurales del país para generar oportunidades suficientes que permitan a sus ciudadanos desarrollarse plenamente dentro de su territorio.

Asimismo, los consulados mexicanos en el exterior desempeñan una función estratégica en la atención y protección de los derechos de la población migrante. Si bien se han impulsado iniciativas orientadas a mejorar su funcionamiento, persisten retos importantes en materia de eficiencia administrativa, calidad en la atención y acceso equitativo a los servicios consulares. En este sentido, el fortalecimiento institucional debe orientarse no solo a la optimización de procesos, sino también a la consolidación de una cultura de servicio centrada en la dignidad y necesidades de los migrantes.

Particular relevancia adquiere el fortalecimiento de la asesoría legal para los mexicanos en el exterior, especialmente en casos de violaciones a derechos humanos. Resulta indispensable garantizar mecanismos accesibles, oportunos y eficaces que permitan a los connacionales contar con representación adecuada y acompañamiento integral frente a situaciones de vulnerabilidad.

En suma, la migración en México no puede entenderse exclusivamente desde una perspectiva económica. Se trata de un fenómeno multidimensional que requiere respuestas integrales, actualizadas y profundamente humanas. El reto para el Estado mexicano consiste en reconocer esta complejidad y construir políticas públicas que, más allá de gestionar la migración, promuevan la protección, el bienestar y la dignidad de las personas en movilidad, tanto dentro como fuera del país.