Por Catalina Rosas

México intenta abrir una nueva etapa en su política científica. El anuncio realizado por la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum de incrementar en 111 por ciento los recursos del Fondo de Investigación para proyectos de ciencia y tecnología, equivalente a mil 676 millones de pesos adicionales respecto de 2025, coloca nuevamente a la investigación pública en el centro de la estrategia de desarrollo nacional. Pero detrás de la cifra existe una discusión de mayor alcance: ¿qué tipo de ciencia necesita México y para qué quiere utilizarla? La respuesta planteada por el gobierno federal apunta hacia una política que pretende articular a investigadores, universidades, centros públicos de investigación y, posteriormente, al sector productivo, con proyectos dirigidos a problemas estratégicos del país. El anuncio adquiere relevancia porque ocurre en el segundo año de la administración de Claudia Sheinbaum y porque la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación forman parte de una política de Estado definida para el periodo 2026-2030.

Uno de los elementos centrales de la nueva estrategia es que el incremento presupuestal no se plantea únicamente como una ampliación de recursos para investigadores. La Presidenta subrayó que se busca que los proyectos tengan objetivos concretos de desarrollo nacional y que algunos de sus resultados puedan avanzar posteriormente hacia la innovación tecnológica y la producción. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) informó que existen actualmente 3 mil 142 proyectos de investigación vigentes, 48 mil integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, alrededor de 100 mil becas y apoyos para estudiantes, 108 Laboratorios Nacionales y 27 Centros Públicos de Investigación. También reportó 13 proyectos estratégicos. Las cifras permiten observar que México cuenta con una infraestructura científica considerable. El desafío, por tanto, no consiste solamente en formar investigadores, sino en articular las capacidades que ya existen. En este sentido, la estrategia gubernamental propone una mayor coordinación entre instituciones y disciplinas. El Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030 plantea precisamente fortalecer la generación de conocimiento y, al mismo tiempo, reducir la dependencia tecnológica mediante proyectos que articulen capacidades locales, regionales y nacionales.

Aquí aparece uno de los conceptos políticamente más significativos de la nueva política científica: soberanía tecnológica. México es un país con una importante comunidad científica, pero continúa dependiendo del exterior en numerosos componentes tecnológicos, equipos, dispositivos, procesos industriales y desarrollos de alto valor agregado. La política presentada por el gobierno busca modificar parcialmente esa situación. Entre los proyectos estratégicos mencionados aparecen Olinia, orientado al desarrollo de un minivehículo eléctrico mexicano; Kutsari, relacionado con semiconductores; Coatlicue, una supercomputadora mexicana; Ixtli, una constelación satelital de observación terrestre; y Apixqui, sistema de monitoreo meteorológico-oceánico y alerta temprana ante huracanes. También se incluyen proyectos relacionados con maíz y frijol, dispositivos médicos, vehículos aéreos no tripulados y aprovechamiento integral del sargazo.

La diversidad de estas iniciativas muestra que la política científica pretende abarcar sectores estratégicos: movilidad, electrónica, cómputo, observación territorial, prevención de desastres, alimentación, salud y aprovechamiento de recursos naturales. No se trata, por tanto, únicamente de producir publicaciones científicas. El objetivo declarado es avanzar de la investigación hacia la innovación, la tecnología y eventualmente la producción.

Uno de los aspectos más relevantes para las instituciones de educación superior es el reconocimiento de los investigadores y universidades públicas como protagonistas de los proyectos nacionales. La Presidencia puso como ejemplo el proyecto Olinia, en el que participan más de 70 investigadores de distintas universidades públicas. Este modelo puede representar una oportunidad para las universidades porque modifica la concepción de la investigación como una actividad aislada dentro de los campus. La investigación universitaria puede adquirir una dimensión más vinculada con problemas territoriales: agua, cambio climático, biodiversidad, salud pública, transición energética, seguridad alimentaria, producción agropecuaria, restauración ambiental y desarrollo tecnológico. Esto resulta particularmente relevante para estados como Michoacán, donde las universidades públicas poseen capacidades científicas relacionadas con recursos naturales, agricultura, agua, biodiversidad, energía, ingeniería y desarrollo regional. La discusión, por ello, no debería reducirse a cuánto dinero recibirá la ciencia, sino a qué problemas nacionales y regionales podrán resolverse con ese conocimiento.

Existe, sin embargo, un desafío que merece atención. Una política científica orientada a resultados concretos no debe significar que toda investigación tenga que producir inmediatamente una patente, un dispositivo o una aplicación comercial. El propio Programa Especial 2026-2030 reconoce la necesidad de mantener el impulso a la ciencia básica y de frontera, al mismo tiempo que busca cerrar la brecha entre generación de conocimiento y aplicación para resolver problemas estratégicos.

La historia de la ciencia demuestra que numerosos avances tecnológicos surgieron de investigaciones cuyo beneficio práctico no era evidente en el momento de su realización. La investigación básica necesita libertad intelectual, continuidad y horizontes de largo plazo. Por ello, el verdadero éxito de la nueva política dependerá de que pueda construir un sistema en el que convivan ciencia fundamental, investigación aplicada, innovación tecnológica y transferencia de conocimiento. Otro cambio importante está relacionado con la participación del sector privado. La propuesta presentada por la Presidenta plantea que sean primero los investigadores y las instituciones públicas quienes desarrollen los proyectos con objetivos definidos y que posteriormente puedan participar empresas en la fase de producción. Esta lógica busca colocar al conocimiento generado con recursos públicos como punto de partida para procesos productivos. El reto será construir mecanismos transparentes que permitan proteger la propiedad intelectual, garantizar beneficios sociales y evitar que el conocimiento financiado con recursos públicos termine generando únicamente beneficios privados sin una contraprestación adecuada para la sociedad. Aquí será determinante el papel de las universidades, los centros públicos de investigación y las instituciones responsables de la transferencia tecnológica. Otro elemento que merece atención es la orientación territorial y social de la investigación. La agenda presentada incluye proyectos sobre cambio climático, prevención de riesgos, energía y transición energética, alimentos funcionales, genómica, lenguas indígenas, historias locales, biodiversidad y aprovechamiento de recursos naturales, entre otros.

Esto permite pensar en una política científica que no se limite a los grandes centros urbanos. Los problemas ambientales y sociales de México se expresan de manera distinta en cada territorio. El deterioro de cuencas, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, la erosión de suelos, los efectos del cambio climático y la transformación de los sistemas productivos requieren conocimiento científico construido también desde las regiones. En este punto, la vinculación entre universidades públicas estatales, centros de investigación y gobiernos locales puede ser fundamental.

Para Michoacán, esta nueva política abre una agenda particularmente amplia. El estado enfrenta problemas relacionados con agua, deterioro de cuencas, pérdida de biodiversidad, cambio de uso de suelo, producción agrícola, conservación de bosques, contaminación y adaptación al cambio climático. Por ello, la política nacional de ciencia podría traducirse en proyectos regionales que articulen universidades, centros de investigación, comunidades y sectores productivos. La experiencia de instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo demuestra que las universidades públicas estatales no solamente forman profesionistas: también generan conocimiento sobre problemas concretos del territorio. El reto consiste en que ese conocimiento tenga canales institucionales para convertirse en políticas públicas, innovación social, tecnología y soluciones productivas.