Por Catalina Rosas

Ante un entorno cada vez más globalizado y competitivo, resulta por demás necesario una nueva Ley que garantice el derecho humano a la ciencia, que no restringa la libertad de investigación al tiempo de promover el incremento del financiamiento público de manera progresiva; que apoye la pluralidad, la existencia y el respeto a nuestras culturas milenarias haciendo del conocimiento un bien común.

La iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), presentada por el Ejecutivo federal el 13 de diciembre de 2022, al H Congreso de la Unión, contribuye a garantizar el derecho humano a la ciencia para que todas y todos los mexicanos gocemos de los beneficios derivados del avance científico y tecnológico que se realiza con recursos públicos. Esta iniciativa primero reconoce el derecho humano a la ciencia como fundamento de la política pública. Segundo Dirige los esfuerzos del sector hacia el fortalecimiento de nuestra soberanía nacional a partir de la consolidación de la independencia científica y tecnológica de nuestro país, mediante la construcción democrática de una Agenda Nacional que establezca líneas de acción en torno a los asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo del país y los temas de interés público nacional o de atención indispensable en materia de HCTI, en torno a la que se orienten los esfuerzos públicos para garantizar el uso óptimo de recursos.

La Ley de Ciencia y Tecnología vigente, permitió articular y legitimar las políticas neoliberales en el sector, además de que propició el abandono de la ciencia básica, la dependencia tecnológica y el uso ineficiente y opaco de recursos públicos.

Con el propósito de corregir el rumbo de la política científica y tecnológica nacional, desde 2019, el Conacyt coordinó los trabajos de discusión y consenso para la formulación de la Iniciativa de Ley, para generar una nueva legislación que garantice el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales, así como orientar los apoyos en el sector hacia el avance del conocimiento en todas las áreas y campos del saber científico, para contribuir a la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales estratégicas y prioritarias. A diferencia de la Ley vigente, que desconoce el derecho humano a la ciencia, la Iniciativa de Ley General en materia de HCTI, lo confirma como un derecho fundamental y reconoce su importancia para garantizar otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, la salud, el acceso a la información y al ambiente sano, entre otros. De igual manera, la actual Ley de Ciencia y Tecnología legitimó las transferencias multimillonarias de recursos públicos al sector privado y posibilitó el sometimiento de las instituciones públicas a los intereses particulares, facilitando el corporativismo en el sector, así como el enquistamiento de grupos y redes de influencia que, en los hechos, decidían los proyectos e instituciones que debían ser financiados por el Estado. Ante ello, la Iniciativa de Ley General en materia de HCTI orienta los recursos públicos a investigaciones que redunden en el bienestar del pueblo de México más allá de falacias y mitos implicados en la exigencia de destinar 1% del PIB para CTI. En su lugar, la Iniciativa prevé la construcción democrática de una Agenda Nacional que establezca líneas claras de acción en torno a las que se orienten los esfuerzos públicos para garantizar el uso óptimo de recursos, el fortalecimiento de la independencia científica y tecnológica de México, así como el desarrollo nacional integral, conforme a prioridades y requerimientos estratégicos del país. Asimismo, en el marco de la Ley actual se promovieron programas de posgrado que respondían a los intereses del mercado y se dejó sin beca a estudiantes de posgrados públicos en medicina y ciencias de la salud, entre otras áreas de igual relevancia. En contraste, la Iniciativa promueve la formación de personas en programas relacionados con las áreas y temas de atención estratégica o prioritaria para el interés público nacional. De lograr su aprobación seguramente se fortalecerá una sociedad más libre, soberana y democrática.