Por José Guadalupe Bermúdez Olivares

En días recientes vimos las notas donde un grupo de supuestos dirigentes sindicales y sociales refrendaban el apoyo a un aspirante a la gubernatura por Michoacán, cosa más retrógada del tiempo presente, suponiendo que sí son líderes sindicales, pero en las imágenes a la mayoría no les sigue nadie, sobre esto es que desarrollo la idea en este análisis.

Durante décadas, en México, pertenecer a un sindicato o una organización social significaba obedecer sin chistar. Los líderes hablaban por todos, comprometían el voto de miles sin consultar a nadie y se comportaban más como operadores políticos del régimen que como defensores de los derechos laborales. Ese modelo, conocido como corporativismo, fue durante años la forma en que el Estado mexicano, bajo el mando del PRI, mantuvo control sobre amplios sectores de la clase trabajadora. Aún hay fuerzas de aquellos tiempos, en Michoacán podríamos hablar de uno de ellos: el STASPE, pero hasta cierto nivel, es decir que acudirán al llamado del líder a hacer lo que se les indique a cambio de no verse afectado por la suspensión de su bono mensual, pero en las elecciones el voto es secreto y no hay forma de verificación para conocer con certeza si votó por el que les indicó.

La historia es conocida, pero aún duele repetirla: los sindicatos eran parte de la maquinaria política, el gobierno no solo toleraba a los líderes vitalicios, sino que los necesitaba. A cambio de lealtad, se les otorgaban prebendas, impunidad y poder. A cambio de obediencia, los trabajadores recibían pequeñas concesiones… si acaso. La democracia sindical era una ilusión; el disenso, una amenaza. No era raro ver escenas grotescas: dirigentes que “entregaban” el respaldo de diez mil agremiados al candidato en turno sin haber hecho una sola consulta; líderes que aparecían en actos partidistas como si representaran la voluntad colectiva, cuando en realidad solo representaban su propia ambición. Los trabajadores eran tratados como ovejas, no como ciudadanos.

La simulación era parte del guion. Se organizaban asambleas solo para legitimar decisiones ya tomadas. El voto era público, vigilado, y muchas veces, forzado. Había miedo, había control. Cuestionar al dirigente podía costar caro: un cambio de plaza, una sanción, la marginación o el despido. El mensaje era claro: obedecer o desaparecer. Sin embargo, esa estructura ha comenzado a resquebrajarse. No por decreto ni por buena voluntad del poder, sino por la presión social, por la conciencia crítica que ha crecido al interior de las organizaciones y por una ciudadanía que, poco a poco, ha dejado de comportarse como rebaño.

Uno de los puntos de quiebre fue la reforma laboral de 2019, que estableció la obligatoriedad del voto libre, secreto, personal y directo para elegir dirigencias sindicales y legitimar contratos colectivos. Aunque la implementación ha sido desigual, esta medida abrió una puerta hacia la democratización que muchos creían cerrada para siempre. Pero más allá de las leyes, lo que ha cambiado es la actitud de muchos trabajadores. Hoy, cada vez más personas entienden que el sindicato no es del dirigente ni del partido en el poder, sino de quienes lo conforman. Se empieza a romper con la idea de que hay que votar como diga el líder. Ahora hay quienes se atreven a disentir, a proponer, a organizarse de manera independiente.

Eso no significa que el corporativismo haya desaparecido. Persisten cacicazgos, se mantienen prácticas clientelares, y en muchos casos el miedo aún paraliza, pero ya no se acepta con la misma resignación, el trabajador de hoy, sobre todo el que ha visto la historia repetirse, sabe que no basta con resistir: hay que transformar. Lo que antes era sumisión, ahora comienza a ser cuestionamiento, lo que antes era disciplina impuesta, ahora se discute como dignidad negada. El viejo esquema de “yo decido por ustedes” ha dejado de ser funcional. La autoridad del dirigente ya no se sostiene solo con discursos ni con favores, esto deberían de reconocer quienes hacen esta práctica o pretenden seguirla.