Por Catalina Rosas

La presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la iniciativa de la Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, que propone actualizar y fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia ambiental, la cual será enviada a la Cámara de Diputados.

Uno de los principales objetivos es actualizar la legislación ambiental vigente, cuyo marco histórico se remonta a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) de 1988. La propuesta responde a nuevos desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el deterioro de los ecosistemas.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que esta nueva Ley brinda herramientas novedosas para atender los retos ambientales; da certeza jurídica a las comunidades e inversiones; integra avances científicos, de innovación y tecnológicos con los saberes ancestrales; además de que fortalece la prevención y restauración con participación ciudadana. Además, de garantizar un medio ambiente sano para proteger la salud y el futuro de niñas y niños; asegura el acceso a la información y a la justicia ambiental; evita daños ambientales y protege los derechos de personas y comunidades; responde al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación que afectan los medios de vida de los pueblos; habrá menos basura, más reciclaje; hace la paz con ríos, barrancas y playas; protege especies emblemáticas y recupera nuestros ecosistemas. Destacó que la iniciativa de Ley General se basa en 10 principios:

1. El patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.

2. No puede haber justicia social sin justicia ambiental.
3. Prevenir antes que reparar.
4. Conservar y restaurar para construir futuro.
5. Conocimiento para sustentar las acciones ambientales.
6. Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.
7. Propiciar una cultura ambiental.
8. De una economía que desecha a una economía que aprovecha.
9. Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
10. Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.

Como política pública, esto representa el tránsito de un enfoque principalmente regulatorio hacia uno que pretende incorporar instrumentos más actuales para la prevención, protección y restauración ambiental. Cambiando de una política reactiva a una política preventiva.

Un aspecto relevante es el fortalecimiento de la prevención del daño ambiental y de la restauración ecológica. Esto significa que la política ambiental buscaría no solamente sancionar después de que ocurre un daño, sino: identificar riesgos ambientales anticipadamente, prevenir impactos, restaurar ecosistemas degradados, proteger recursos naturales estratégicos e incorporar criterios ambientales en la toma de decisiones públicas. Laprevención resulta generalmente más eficiente económica y socialmente que atender las consecuencias de la degradación ambiental.

La incorporación explícita de la justicia ambiental constituye uno de los elementos más innovadores de la iniciativa. La propuesta busca fortalecer el derecho a un medio ambiente sano, el acceso de la ciudadanía a la información ambiental, la participación pública en decisiones ambientales, el acceso a mecanismos de justicia y la protección de comunidades y personas afectadas por daños ambientales. Reconoce que los impactos ambientales no afectan por igual a toda la población. Las comunidades rurales, indígenas y los grupos en condiciones de vulnerabilidad pueden enfrentar mayores consecuencias por contaminación, deforestación, escasez de agua o degradación territorial. La iniciativa plantea fortalecer la participación de la sociedad en las decisiones relacionadas con el medio ambiente e incorporar tanto el conocimiento científico como los saberes tradicionales y ancestrales.

Desde una perspectiva de política pública, esto representa un enfoque de gobernanza ambiental, donde la protección del ambiente no depende exclusivamente del gobierno, sino que requiere la participación de: comunidades, la academia, organizaciones sociales, sector privado, gobiernos estatales y municipales y los pueblos y comunidades indígenas.

Otro componente importante es la incorporación de avances científicos, tecnológicos y de innovación. Esto puede favorecer políticas públicas basadas en evidencia para el monitorear ecosistemas, detectar contaminación, evaluar impactos ambientales, identificar zonas vulnerables, diseñar estrategias de restauración y mejorar los sistemas de información ambiental. Para el campo de la Ingeniería Ambiental, este aspecto resulta particularmente importante porque abre la posibilidad de fortalecer el uso de indicadores, sistemas de información geográfica, monitoreo ambiental y evaluación técnica para la toma de decisiones.

Como política pública, la nueva iniciativa representa un compromiso de modernizar la gestión ambiental en México, pasando de una visión centrada principalmente en la regulación y sanción hacia un enfoque integral basado en prevención, restauración, justicia ambiental, participación ciudadana y conocimiento científico. La relevancia de esta iniciativa consiste en que plantea una reorientación de la política ambiental mexicana. Su potencial no radica únicamente en cambiar una ley, sino en construir una política pública más integral, donde el ambiente sea considerado simultáneamente como un patrimonio natural que debe conservarse, un derecho humano que debe garantizarse y un componente estratégico para el desarrollo nacional.