Por Catalina Rosas

La política energética del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta uno de sus principales desafíos en Petróleos Mexicanos (PEMEX): recuperar la capacidad productiva de la empresa, reducir su pesada carga financiera y, al mismo tiempo, avanzar hacia una mayor soberanía energética sin abandonar los objetivos ambientales y de transición hacia fuentes renovables.

La Presidenta sostiene que el fortalecimiento de la empresa pública debe permitir garantizar el abasto interno de combustibles, reducir la dependencia externa y aprovechar de manera estratégica los recursos petroleros y de gas natural del país. Uno de los principales indicadores para evaluar la estrategia es la producción de hidrocarburos. De acuerdo con los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, PEMEX y sus socios produjeron aproximadamente 1.66 millones de barriles diarios de crudo y condensados, cifra inferior a la meta gubernamental de 1.8 millones de barriles diarios. La diferencia equivale a unos 140 mil barriles diarios, es decir, alrededor de 7.8% por debajo de lo proyectado. El dato resulta relevante porque se planteó estabilizar y posteriormente incrementar la producción, después de años de declive en diversos campos petroleros. En términos históricos, el reto es considerable: México llegó a registrar niveles superiores a 3 millones de barriles diarios durante la primera década del siglo XXI, aunque aquella estrategia estuvo acompañada por una fuerte explotación de yacimientos como Cantarell. La Presidenta ha señalado que una mayor extracción no necesariamente representa una política adecuada si compromete las reservas futuras del país.

La política energética de la Dra. Sheinbaum no se limita a extraer petróleo. Uno de sus principales objetivos consiste en procesar una mayor proporción del crudo dentro del territorio nacional para producir gasolina, diésel y otros derivados. PEMEX informó que durante 2025 alcanzó un procesamiento cercano a 1.5 millones de barriles diarios, considerado por el Gobierno como el nivel más alto de su historia. Para 2026 se asignó a la empresa una inversión de aproximadamente 425 mil millones de pesos, un incremento de 34% respecto al año anterior. Asimismo, la petrolera reportó una reducción de su deuda de más de 20 mil millones de dólares en el proceso de saneamiento financiero. La estrategia incluye la operación de la Refinería Olmeca de Dos Bocas, la modernización de las seis refinerías tradicionales y la incorporación de Deer Park, en Texas. En enero de 2026, el Gobierno informó que las ocho instalaciones alcanzaban una producción de más de un millón de barriles diarios de productos derivados. Aunque existen avances, las finanzas de PEMEX siguen representando uno de los mayores desafíos de la política energética. Al cierre de junio de 2026, la deuda financiera de la empresa se ubicó en aproximadamente 77.5 mil millones de dólares, aunque esto significó una reducción de 9.1% respecto del cierre de 2025.

Uno de los aspectos más controversiales de la política energética es la posibilidad de recurrir a la fracturación hidráulica o fracking para incrementar la producción nacional de gas natural. México mantiene una importante dependencia de las importaciones de gas estadounidense del orden del 75%. PEMEX produce alrededor de 4.87 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, pero el Gobierno busca incrementar la producción nacional para fortalecer la seguridad energética.

La discusión ha adquirido especial importancia porque la administración de la Dra. Sheinbaum ha abierto la posibilidad de realizar proyectos piloto. Para ello el grupo de 54 especialistas integrado por indicaciones de la Presidenta estableció condiciones ambientales y técnicas para cualquier eventual desarrollo: entre ellas, disponer de agua salina suficiente, evitar utilizar agua dulce destinada al consumo humano o agrícola y establecer mecanismos de monitoreo ambiental. La controversia refleja uno de los dilemas centrales de la política energética mexicana: cómo incrementar la seguridad energética sin profundizar los impactos ambientales ni retrasar la transición hacia energías más limpias. El Gobierno de México ha planteado una política que combina hidrocarburos con energías renovables. En marzo de 2026, la presidenta Claudia sostuvo que la soberanía energética requiere aumentar la producción de gas natural, mantener la producción y procesamiento de petróleo y, simultáneamente, desarrollar fuentes renovables. En materia eléctrica, el Gobierno pretende ampliar la capacidad de generación del Estado mexicano de 54,823 a 77,000 megawatts durante el sexenio, mediante aproximadamente 40 nuevas plantas. También se estableció como objetivo que para 2030 35% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables.

PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) forman parte de una estrategia más amplia en la que el Estado busca recuperar capacidad de decisión sobre sectores considerados estratégicos. El debate sobre PEMEX presenta, por tanto, una doble dimensión. Por un lado, el fortalecimiento de la empresa pública puede contribuir a reducir la dependencia de importaciones, garantizar combustibles y generar ingresos para el Estado. Por otro, el mantenimiento de una economía energética altamente dependiente de los hidrocarburos plantea retos financieros, tecnológicos y ambientales. La propia evolución del mercado petrolero demuestra la vulnerabilidad de la empresa frente a factores externos. En 2026, el precio de la mezcla mexicana llegó a ubicarse por encima de 79 dólares por barril, más de 40% por encima del nivel observado al inicio del año, favorecido por las tensiones geopolíticas internacionales. Este escenario mejoró temporalmente los ingresos petroleros, pero también elevó los riesgos asociados con los precios de combustibles y la inflación.

En este sentido, el futuro de PEMEX representa uno de los principales indicadores para evaluar el proyecto de transformación energética del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La disyuntiva ya no es simplemente “petróleo sí o petróleo no”, sino determinar qué papel deben desempeñar los hidrocarburos durante la transición energética y cómo garantizar que su explotación sea financieramente viable, ambientalmente responsable y socialmente útil para México.