Por: Arq. Francisco Martínez Manríquez

En el mundo, más de 120 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, según cifras de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). En América Latina, la crisis migratoria ha alcanzado niveles sin precedentes, con millones de personas huyendo de la violencia, la persecución y la pobreza. Sin embargo, las políticas migratorias de varios países, especialmente EE.UU, han exacerbado la vulnerabilidad de las personas migrantes, dejando en evidencia una grave crisis de derechos humanos.  Según MaureenMeyer, vicepresidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), destacó las drásticas políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump. Estas medidas han cerrado el acceso al asilo y eliminado vías legales para las personas migrantes, violando el derecho internacional y dejando a millones en situación de vulnerabilidad.

Actualmente en EE.UU, residen mas de 13 millones de personas indocumentadas, incluyendo ahí, mas de 6 millones de mexicanos. Las políticas de Trump han permitido abusos sistemáticos por parte de agencias como la Patrulla Fronteriza (CBP), (ICE), incluyendo violencia, separación familiar y deportaciones peligrosas. Estas medidas no solo son inhumanas, sino que violan los principios básicos del derecho internacional, denunció Meyer. La suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) y las deportaciones masivas han dejado a miles de familias en incertidumbre, mientras que las redadas han generado un clima de miedo entre las comunidades migrantes.

Las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés) han encontrado sus límites: primero en las comunidades que se organizaron para protestar contra la detención de migrantes, con y sin papeles, y luego en las decisiones que tomó el Gobierno de Donald Trump para atemperar a las industrias  que más sufren el golpe económico. Pero las capturas diarias, y las denuncias contra el abuso policial, el racismo y el perfilamiento de personas de color, así como las cuotas mínimas, siguen adelante, a pesar de todo, pero, ¿a quiénes captura «La migra»?. Nuevos datos no públicos del ICE, revelados en un informe del Instituto Cato, indican que el Gobierno de Estados Unidos «está deteniendo principalmente a personas sin antecedentes penales», a pesar de que uno de los argumentos de Trump para lanzar su campaña masiva de detenciones se enfocó en «hacer más seguro» al país a través de la detención de «criminales».

De tal manera que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un periodo de alta tensión e incertidumbre, marcado por presiones políticas de Washington sobre seguridad, acusaciones contra funcionarios mexicanos y exigencias de la administración de Donald Trump en temas de migración y combate al narcotráfico, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aboga por mantener la soberanía y el diálogo prudente. Hoy en día se registra constantemente un aumento en la detención de migrantes mexicanos deportados en albergues en la frontera norte, mientras por otro lado, miles de extranjeros en EE.UU buscan regularizar sus situación migratoria para evitar enfrentar tensiones por operativos y políticas de control entre México y EE.UU, prevaleciendo la situación en la frontera entre ambos países una característica en el descenso en los cruces migratorios irregulares, un despliegue reforzado de seguridad con estrictas políticas de control impulsado por la administración de Donal Trump.

Ante esta situación, se siguen intensificando operativos por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés) en las frontera y dentro del país de EE.UU, reactivándose y respaldándose de manera firme las acciones de control interior, enfocadas en la detención de personas sin estatus legal, o con el simple hecho de tener una apariencia latina entre otras señas, manteniendo así el gobierno de EE.UU una postura de alta exigencia hacia las autoridades mexicanas.

Sin embargo, ante la situación que prevalece por parte del ICE en cuanto a detenciones violatorias a los Derechos Humanos, el Gobierno de México representado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó 20 denuncias ante las fiscalías estatales y de condados de EE.UU, por la muerte de 17 connacionales ocurridas desde mayo durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de aduanas (ICE) en una nueva escalada de las acciones emprendidas para exigir el esclarecimiento de estos casos. A la vez en comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), del Gobierno de la República Mexicana, informó que las denuncias fueron interpuestas el pasado 13 de julio por el embajador de México en EE.UU Roberto Lazzeri, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos:  8 ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías del Condado de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Lousiana, Missouri y Texas; además de estos recursos, la Embajada de México remitió el 14 julio al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR), con la solicitud formal de abrir investigaciones sobre los 17 casos e informar sobre el curso de las indagatorias, precisando la Cancillería, que las acciones forman parte del seguimiento a las medidas anunciadas el pasado 9 de julio por la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el gobierno de México, denunciara la muerte de 17 connacionales en operativos o centros de detención del ICE desde mayo de este año.

Así mismo, el embajador Lazzeri, sostuvo reuniones la semana pasada con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, expresándoles preocupación del gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos los administrados por empresas privadas, solicitándoles el esclarecimiento de cada uno de los fallecimientos. A la vez el embajador, envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos VOLKER TÜRK con la finalidad de solicitar que el organismo recabe información mediante solicitudes de aclaración a EE.UU, además que analice si los hechos son compatibles con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y emita recomendaciones para prevenir casos similares.

Estas acciones se producen después de que el pasado viernes, EE.UU regresara al gobierno de México las cartas en las que expresaba  su preocupación por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia del ICE. El alto funcionario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, argumentó que las misivas pretendían dirigir las acciones del personal estadounidense en su territorio soberano y recomendó a México plantear sus inquietudes mediante los canales diplomáticos habituales. Sin embargo, la tensión fue en aumento tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo de 52 años, quién falleció el 7 de julio en Huston, Texas, después de recibir varios disparos por un agente del ICE durante un operativo migratorio, intensificando los reclamos por parte de México sobre el trato a los migrantes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Actualmente, México da un giro en su estrategia frente a EE.UU, ya que ante la poca eficacia por las vías diplomáticas, esta cambiando su estrategia para resolver algunos problemas de interés binacional, ya que además de las demandas, México llevó su protesta al principal foro internacional para asuntos relativos a derechos humanos de la ONU, informándoles que llevaría el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el primer paso antes de que el caso pueda escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a pesar de que Estados Unidos no reconoce la competencia de este tribunal, a pesar de tratarse de la máxima corte del continente. A pesar del tiempo que requieren los litigios, la cancillería mexicana ha expresado confianza en la nueva estrategia, apostando a que llevar estos temas a la vía jurídica y no solo a la diplomática, pueda destrabar lo que los canales tradicionales no han logrado resolver.

Puntos Clave de la Tensión Bilateral

Seguridad y Cárteles:

Washington ha endurecido su discurso y presionado con la posibilidad de acciones unilaterales contra los cárteles, generando fricciones sobre la soberanía territorial.

Investigaciones a Funcionarios:

Se han presentado señalamientos y solicitudes de captura desde Estados Unidos contra políticos y gobernadores mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que activó filtros financieros y bloqueos de cuentas en México, no presentando ninguna prueba solicitada por el gobierno de México.

Migración y Frontera:

La política antimigratoria estadounidense, acompañada de despliegues militares en la frontera, sigue siendo un punto constante de fricción y negociación operativa.

Postura de México:

El gobierno mexicano mantiene una estrategia de «cabeza fría», priorizando la cooperación formal y el entendimiento diplomático, pero estableciendo líneas rojas claras en defensa de su autonomía e independencia frente a amenazas extranjeras.

Panelistas en EE.UU, coincidieron en la necesidad de acciones concretas para proteger los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo. Entre las propuestas destacan la continuación de acciones legales contra políticas migratorias abusivas y violaciones de derechos humanos, la provisión de información clara a los migrantes sobre sus derechos y mecanismos de protección, y la coordinación regional entre organizaciones civiles y gobiernos para compartir buenas prácticas y proteger a los migrantes.

Así mismo, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de la región que se abstengan de implementar políticas que socaven los derechos y la dignidad de los migrantes. La crisis migratoria no es solo un problema de números; es un problema de derechos humanos. En un mundo donde millones son forzados a abandonar sus hogares, la protección de los migrantes debe ser una prioridad global.