Por Catalina Rosas

Durante décadas, la política económica en México se sostuvo sobre un supuesto incuestionable: la estabilidad dependía de la tolerancia hacia los grandes intereses económicos. Bajo esa lógica, la evasión fiscal, las condonaciones y los arreglos discrecionales no fueron anomalías, sino parte del diseño institucional. El resultado fue un Estado debilitado, una recaudación crónicamente baja y una percepción social de injusticia que terminó por erosionar la legitimidad gubernamental.

El actual gobierno de la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ha introducido un cambio que, aunque menos estridente que otras transformaciones, resulta políticamente profundo: la recuperación del poder fiscal del Estado. No mediante nuevos impuestos ni ajustes regresivos, sino a través del cobro efectivo de adeudos históricos a grandes contribuyentes. En términos estrictos, se trata de hacer cumplir la ley; en términos políticos, es una ruptura con el modelo de privilegios que caracterizó a las administraciones neoliberales.

A diferencia de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, donde los adeudos fiscales solían perderse entre litigios interminables o negociaciones opacas, hoy el mensaje es claro: nadie está por encima de la hacienda pública. Esta política no solo fortalece las finanzas del Estado sin recurrir al endeudamiento, sino que reconfigura la relación entre poder económico y poder político. El fisco deja de ser un actor subordinado para convertirse en instrumento de justicia redistributiva.

Este viraje se inserta en una estrategia económica más amplia. Frente a un contexto internacional incierto, el gobierno ha apostado por la estabilidad macroeconómica, el crecimiento exportador y el control del déficit como pilares de gobernabilidad.

La fortaleza del peso y los niveles históricos de exportación no se presentan como un triunfo del mercado, sino como resultado de la disciplina fiscal y la soberanía en la toma de decisiones. Es una narrativa que contrasta con el pasado reciente, cuando la economía se explicaba desde el dogma tecnocrático y no desde el interés público.

La política exterior refuerza esta misma lógica. México ha dejado atrás el alineamiento automático con Estados Unidos para recuperar una autonomía pragmática, basada en principios históricos como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. La postura frente a Cuba, sustentada en consideraciones humanitarias, ilustra esta reorientación: defensa de principios sin estridencias, soberanía sin aislamiento.

Lo que distingue al gobierno del segundo piso de la cuarta transformación como la ha llamado la Presidenta no es únicamente el contenido de sus políticas, sino la concepción del poder que las sostiene.

Durante años, gobernar significó administrar equilibrios entre élites económicas y políticas; hoy, el énfasis está en reconstruir la legitimidad del Estado desde abajo, apelando a la justicia social como eje rector. La justicia fiscal opera así como política pública y como símbolo: financia al Estado, corrige asimetrías y envía una señal inequívoca de que los privilegios ya no son intocables.

En un país marcado por la desigualdad y la desconfianza institucional, este cambio no es menor. Que el orden fiscal, la estabilidad económica y la soberanía nacional se presenten como beneficios colectivos y no como costos impuestos a la mayoría, explica buena parte de la fortaleza política del gobierno de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Más que una ruptura abrupta, se trata de un desplazamiento silencioso del poder: del acuerdo cupular a la legitimidad social. Más recursos públicos sin endeudar al país, para ser destinados a programas sociales, infraestructura y servicios públicos. Mayor equidad tributaria, Estado fuerte sin subir impuestos a la ciudadanía. Pagos reales y verificables de grandes adeudos fiscales.