Durante varias décadas de políticas de vivienda social en México, se han efectuado numerosos estudios con la finalidad de evaluar el impacto de los programas habitacionales en la calidad de vida de las personas. Hoy, gracias a los censos de población, podemos medir con mayor precisión el déficit habitacional y constatar en qué condiciones viven los habitantes de nuestro país.

En general, la mayoría de las investigaciones en materia de vivienda social son estudios basados en resultados: buscan evaluar los efectos de la implementación de una política en el problema atacado. Se centran, más que nada, en el nivel de efectividad del plan en relación con la finalidad tenida a la vista; reducir el déficit habitacional, combatir el acopio, la higiene, mejorar la calidad de la vivienda, la satisfacción de los destinatarios, la carencia de equipamiento, entre otras.

No obstante la innegable importancia de dichos estudios, menores han sido los esfuerzos encaminados a analizar las políticas de vivienda social desde la perspectiva de las obligaciones que tiene el Estado.

De acuerdo al paradigma actual, los Estados tienen la obligación de fomentar el desarrollo económico, social y cultural del ser humano. En tal sentido, deben sancionar políticas y marcos institucionales adecuados para permitir el establecimiento de condiciones sociales mínimas que permitan a las personas desarrollarse y vivir en dignidad.

Desde el punto de vista del individuo y en base al estado actual de desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, este ya no es solo titular de derechos de libertad. Existen además otras categorías de derechos que son igual de imperativos para el Estado: los derechos sociales y los derechos colectivos o de solidaridad.

Dentro de la gran gama de derechos sociales existentes (o económicos, sociales y culturales, de acuerdo a la denominación propiamente jurídica del término), uno de aquellos que suscita mayor interés, es el derecho de toda persona a vivir en una vivienda adecuada.

Desde el punto de vista económico, la vivienda constituye en algunas comunidades la base de la producción y del ingreso. Desde el punto de vista sociológico, es el lugar propio de la familia, la organización humana más básica conocida. Lo anterior, a su vez, nos indica su potencial en el desarrollo psicológico del individuo. Si la vivienda es aquel lugar propio de la institución familiar, también es el lugar donde se construyen los lazos afectivos más importantes para la persona.

Por todo lo anterior, es que las políticas de vivienda social proyectan en forma directa la anuencia de las sociedades con ciertos valores. Su alta incidencia en aspectos más básicos del desarrollo físico y espiritual del individuo nos permite comprenderlas como un instrumento de evaluación sociopolítica.

A su vez, al momento de evaluar las orientaciones de una política determinada, es posible definir los grados de (des) integración social existentes en una comunidad.

Hacer de la vivienda un bien de fácil acceso, con altos estándares de habitabilidad, incorporada al mapa urbano, equivale a una decisión en favor de un mayor desarrollo individual y social – favorece la equidad. Por el contrario, allí donde existen políticas de vivienda social deficientes habiendo recursos para ello, hay poca voluntad hacia facilitar el desarrollo individual de los miembros más desaventajados de la comunidad – atenta contra la equidad.

La vivienda propia, es uno de los bienes más deseados por las familias y personas,  habitualmente uno de sus principales activos. Sin embargo, las personas y familias de menores ingresos tienen severas restricciones de acceso a viviendas dignas, a raíz de insuficientes capacidades de compra en comparación a sus precios.

Ante el inminente deterioro del medio ambiente, la arquitectura y el diseño sustentable, ya no es una opción, se convierte en una obligación del desempeño profesional del ARQUITECTO. Es innegable que la Arquitectura Sustentable y su diseño, implican una manera de pensar, diseñar, construir y operar edificios, teniendo en cuenta la responsabilidad ambiental y ecológica que esto conlleva. Por lo que, el compromiso de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está en diseñar y construir espacios habitables adecuados para el desarrollo de actividades humanas tomando en cuenta las particularidades locales del lugar de emplazamiento y ubicación, sin dejar del lado la visión económica y cultural para anteponer la decisión de no  comprometer el desarrollo y el medio ambiente de generaciones presentes y futuras, buscando minimizar el uso de los recursos naturales, sin producir emisiones contaminantes, es decir Viviendas Sustentables.

Hoy por hoy, la concepción, diseño y edificación de la vivienda, se convierte en un punto nodal del desarrollo sustentable, lo cual conlleva la integración de las acepciones del cuidado y no deterioro al medio ambiente, no solo como unidad de habitación, sino incluso como componente del tejido urbano donde se ubique, tomando en cuenta que su ciclo de vida va desde su creación, edificación, uso, rehabilitación y demolición. Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México, inicia con 12 corredores de desarrollo urbano, al menos el 30 por ciento se destinará para vivienda incluyente La inversión prevista en estos corredores para este sexenio, está estimada en 23 mil millones de pesos, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente que se aplica en la Capital.

Con la idea de: “Cambiamos el modelo de desarrollo de la ciudad; pasamos de los últimos años de un modelo de exclusión a un modelo incluyente, pasamos de la opacidad a la transparencia, del abuso a ofrecer un derecho, de la ciudad de los automóviles a la ciudad de las personas, de la ciudad de la gentrificación a la ciudad de la inclusión”, su idea de la Jefa de Gobierno. El programa impulsa un esquema innovador que busca un desarrollo inmobiliario ordenado y sustentable, con la participación de los sectores privado y social en la construcción de vivienda incluyente.